Accidente y Tráfico.

El pasado 24 de julio fue hallado muerto un ciclista de 20 años de edad que sufrió un grave atropello en una carretera de la localidad cántabra de Cabuérniga (CA-182). Hasta ahí, uno de tantos trágicos sucesos que desgraciadamente ocurren con demasiada frecuencia en las carreteras de nuestro país.

Sin embargo, este suceso ha sido especialmente grave y polémico por varias razones.:

La primera, es que el todoterreno que supuestamente le atropelló no se detuvo para socorrerle, dándose a la fuga y dejándole morir en el mismo lugar de los hechos.

Y en segundo lugar, porque en el vehículo en cuestión circulaban 4 personas, todas ellas mayores de 50 años, y entre los que se encontraba un Concejal de Educación, Cultura, Festejos y Medio Ambiente por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñamellera Baja (Asturias), Victoriano Vidal Cordera.

El lunes 2 de agosto fue detenido el conductor del vehículo- el edil viajaba como ocupante-, quien ha reconocido que atropelló al ciclista y que no se detuvo para socorrerlo.

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En esta segunda parte vamos a analizar la cumplida respuesta que la Guardia Civil, por medio del portavoz su Asociación Unificada (AUGC), Juan Antonio Delgado, ha dado a las declaraciones que en la mañana de ayer hacía el Ministro del Interior relativas a la huelga de “bolis caídos” que mantiene la Benemérita.

Éste comenzó contestando con la misma “educación” que el Sr. Rubalcaba al solicitar que “, por favor, aplique la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil”, que está aprobada desde el año 2007 y que está paralizada y congelada desde entonces “y no sabemos porque presiones o motivos políticos”. Es evidente que desde que si no existe ninguna justificación, este es un hecho, cuando menos, extraño.

Como réplica a la promoción de los logros de la DGT y del Ministerio del Interior sobre las positivas cifras de siniestralidad, Delgado afirmó con dureza lo siguiente: “Que no se pongan los méritos del trabajo de los guardias civiles, que también están cansados de eso. Coger el micrófono lo hacen muy bien” y reprochó que se hayan “colgado la medalla”.

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Se trata de una medida que se viene aplicando en algunos países europeos desde hace algunos años. Se trata de imponer, para las sanciones más graves, como son los grandes excesos de velocidad o la conducción en estado de embriaguez, sanciones en función de nuestros ingresos y patrimonio. En la mayoría de los casos este exceso debe ser impuesto por un Juez, y no por un agente de la autoridad.

Este peculiar sistema de multas progresivas da pie a casos como el ocurrido en Suiza hace unos meses, en el que se multó a un conductor con nada menos que 202.415 € por circular en vía urbana a 137 Km/h en su Ferrari Testarossa. El conductor era reincidente- lo que incrementó el importe de la sanción- y su patrimonio estaba valorado en más de 15 millones de €, o el caso del Director de la compañía Nokia, Anssi Vanjokki tuvo que pagar en 2002 una multa de 116.000 € por sobreasar en 25 Km/h el límite máximo de velocidad con su Harley-Davidson. Los daños personales que podía haber causado este último eran prácticamente nulos.

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Seguramente muchos de los que lean esto habrán recurrido alguna vez una multa y se hayan encontrado como respuesta lo siguiente: “Considerando que las pruebas que aporta no desvirtúan ni contradicen los hechos declarados por los agentes sancionadores y las pruebas aportadas por los mismos, se desestima su recurso. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; tiene usted derecho a contencioso”.

Nosotros nos hemos llegado a encontrar esta respuesta recurriendo una multa y presentando como prueba el contrato de venta del vehículo celebrado con 2 meses de antelación a la comisión de la infracción que motivaba la denuncia. Teniendo que acudir al contencioso para que nos dieran la razón.

Unos meses después en una conversación informal con un Guardia Civil (también Licenciado en Derecho), éste, jactándose y mostrando cierta prepotencia me explicó cual era la manera de proceder de los agentes con respecto a las alegaciones y recursos. Me contó que cada mañana al llegar al cuartel en un panel de pared se les comunica qué multas han sido recurridas. Debajo del recurso correspondiente se encuentran dos casillas que rezan: “se ratifica”/ “no se ratifica”.

También me explicó que ninguno de ellos se leían los recursos ni las pruebas presentadas, que ni tan siquiera sabían a que multa se refería cada recurso y que para no perder el tiempo, siempre se ratificaban. Habiéndose acabado con esto la vía administrativa, al ciudadano sólo le queda la vía contenciosa, con el coste que eso le supone, que muchas veces es superior al propio importe de la multa.

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Se trata de una noticia que nos ha dejado sorprendidos a todos, por lo irracional y sorprendente y constatamos que lo que no ocurra en EEUU no ocurre en ningún sitio.

Los hechos suceden el pasado mes de enero en el Estado americano de Utah y a plena luz del día. Lauren Rosenberg pretende ir a pié de un punto a otro de la ciudad y, dado que desconoce la ruta, decide conectarse a Google Maps a través de su Blackberry para seguir las indicaciones y poder llegar a su destino.

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