Esta es una trágica historia ocurrida en la madrugada del 26 de diciembre de 2009 en Argentina. Llovía ingentemente, hacía mucho viento y la carretera estaba encharcada. Viajaban 4 jóvenes de entre 21 y 24 años, que volvían a casa tras asistir a una fiesta.

En un momento del trayecto el conductor, Diego Buonanotte, se despista, pierde el control del vehículo- supuestamente por aquaplaning- y acaba estrellándose contra un árbol.

El resultado fue fatal, pues mueren los tres acompañantes y él, único en llevar puesto el cinturón de seguridad, sobrevive, aunque con algunas lesiones: fractura de clavícula y húmero, así como una contusión pulmonar.

Según las pruebas periciales practicadas hasta este momento, el vehículo circulaba a una velocidad aproximada de entre 100 y 110 Km/h aproximadamente cuando se salió de la carretera. De las pruebas toxicológicas y de las declaraciones prestadas se desprende que Buonanotte no había ingerido alcohol y estaba completamente lúcido.

El “homicidio culposo” está sancionado en Argentina con penas de prisión de 2 a 5 años. La velocidad a la que circulaba no es una velocidad antirreglamentaria en esa zona, aunque probablemente no era la “adecuada” a las condiciones de la vía, lo que pudo ser casusa principal del accidente de tráfico.

Según el Fiscal que lleva el asunto, “hay un conjunto de factores” que hacen presumir que el deportista “no tenía pleno dominio del vehículo” y que actúo negligentemente. También afirma que “debió ser más prudente” al conducir en aquella noche de tormenta.

Por su parte, el abogado defensor de Buonanotte afirma que las pruebas demuestran que Diego actúo de forma más que prudente y que no existen señales de velocidad máxima, ni advertencias del mal estado de la carretera.

Este accidente de tráfico ha truncado la carrera del futbolista, que en el momento del accidente era pretendido por el Atlético de Madrid y actualmente, después de estar 5 meses sin jugar, está en el banquillo de River Plate, quizá más pendiente de si acaba o no sentándose en “el otro banquillo”, el de los acusados.

Hay que señalar que a día de hoy ninguna de las familias de los chicos fallecidos se ha personado en la causa como acusación particular. En los estadios por los que ha pasado ya se han oído gritos de “asesino”. ¿Es injusto este veredicto popular?.

Desde el año 2008 las cifras de accidentes y de mortalidad tanto en el colectivo de las motocicletas como de los ciclomotores están descendiendo y a día de hoy lo siguen haciendo

Cuando un turismo tiene un accidente con una moto, los ocupantes del primero tienen un 7% de posibilidades de sufrir alguna lesión y, por contra, los ocupantes de la motocicleta tienen un 98% de padecer algún tipo de lesión.

De hecho, en la Unión Europea los usuarios que circulan en moto sólo representan el 2% del total, pero están presentes en el 17% de los accidentes mortales de tráfico.

Este verano se realizó una campaña de vigilancia y concienciación, en el cual se controló a 30.488 motoristas y tan sólo 491 fueron denunciados, 11 por dar positivo en controles de alcoholemia, 43 por exceso de velocidad y otros tantos por no llevar puesto el casco o hacer un uso indebido de él. Esto demuestra que somos un colectivo cumplidor en lo que al respeto de las normas se refiere.

Además, no hay que olvidar que en España desde el año 2004 hasta 2009 el parque de vehículos de dos ruedas ha aumentado en un millón, por lo que todos los datos que vemos publicados tendrían que ser relativizados para conocer su verdadero alcance y esto rara vez se hace.

Con estos resultados, no podemos sino llegar a la conclusión de que somos un colectivo vulnerable, sí, y que sufrimos más accidentes que otros colectivos, pero ni somos irresponsables o “inconscientes” –como se nos suele decir- ni, en general, culpables de los accidentes de tráfico que sufrimos. Es claramente injusto, por tanto, que se nos trate como tales.

Como no nos lo creíamos, hemos analizado datos y estudios de los últimos 10 años y la verdad es que hemos llegado a ciertas conclusiones, que convendría que tuviera en cuenta la Administración actual a la hora de señalarnos como los culpables de los peores índices de siniestralidad.

Huelga decir, que no con esto consideramos que los motoristas sean  santos, pues es evidente que como en todos los colectivos hay de todo y que por culpa de algunos, que ni se respetan a sí mismos ni a los demás y que hacen que tengamos mala reputación, provocando accidentes de tráfico totalmente innecesarios. Al final lo pagamos todos.

El año pasado el RACC publicó un estudio bastante completo relativo a la accidentalidad de las motos en vía urbana. Se realizó sobre la ciudad de Barcelona y tuvo en cuenta datos de los años 2002 a 2007. Dentro del maremágnum de datos que se exponen en dicho estudio, nos ha llamado especialmente la atención éste:

“Desde el año 2004 se han venido reduciendo las víctimas mortales y los heridos graves en accidente de moto y, sin embargo, desde la convalidación del carné de hasta 125cc con 3 años de permiso B, el número de víctimas ha aumentado de manera considerable. Suponiendo que del colectivo que conduce motos de 50cc hasta 125cc sólo con el carné B, su tasa de riesgo de mortalidad o de sufrir heridas graves sería un 121% más alta que las de los conductores con carné A o A1.”

En el año 2009 en Barcelona, de los muertos en accidente de moto, el 38,2% circulaba con carné B homologado. En el año 2008, supuso un 35,8% del total. Probablemente esta homologación no ha sido la mejor idea desde el punto de vista de la seguridad vial y parece ser una de las principales causas de nuestras negativas cifras de siniestralidad.

Asimismo, en el año 2007, se hizo público un informe realizado por Línea Directa en colaboración con el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial en el que se destacaba que los accidentes de moto con turismos era la principal causa de accidentes de vehículos de dos ruedas. En él- tras analizar 500.000 accidentes- se contrataban datos que probaban de manera fehaciente que de estos, el 70% eran provocados por infracciones de los turismos. Una cifra bastante significativa.

Continúa en la segunda parte.

Sin embargo, este suceso ha sido especialmente grave y polémico por varias razones.:

La primera, es que el todoterreno que supuestamente le atropelló no se detuvo para socorrerle, dándose a la fuga y dejándole morir en el mismo lugar de los hechos.

Y en segundo lugar, porque en el vehículo en cuestión circulaban 4 personas, todas ellas mayores de 50 años, y entre los que se encontraba un Concejal de Educación, Cultura, Festejos y Medio Ambiente por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñamellera Baja (Asturias), Victoriano Vidal Cordera.

El lunes 2 de agosto fue detenido el conductor del vehículo- el edil viajaba como ocupante-, quien ha reconocido que atropelló al ciclista y que no se detuvo para socorrerlo.

Otro ciclista declaró a los agentes de la Guardia Civil que había visto a su compañero tendido en el suelo y que también había visto un todoterreno que se alejaba del lugar, no pudiendo precisar más datos sobre el citado vehículo.

Tras una exhaustiva investigación por parte de los agentes de la Benemérita, fue identificado el vehículo y tras ello a todos sus ocupantes. Una vez el Concejal fue identificado, presentó su dimisión del cargo que ostentaba.

En su defensa el edil hacía por medio de un compañero las siguientes declaraciones: “Las informaciones que están saliendo no se corresponden con la realidad”, “En un primer momento se tiró del vehículo y se quedó allí socorriendo al ciclista”.

De momento, el asunto está en fase de instrucción y el concejal, junto con los otros tres ocupantes del vehículo están imputados por un delito de omisión del deber de socorro.

Sin ánimo de prejuzgar a nadie ni de contribuir a un linchamiento social, nos resultan poco creíbles las declaraciones vertidas por el edil, por varias razones:

 1º) En primer término, existe un testigo más o menos presencial de los hechos- el compañero ciclista que vio como se alejaba el todoterreno- que niega el auxilio por parte de ninguno de los implicados.

2º) En segundo lugar, porque ninguno de los ocupantes llamó a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar de los hechos- ni tan siquiera de manera anónima-.

3º) Los hechos han sido reconocidos por el propio conductor del vehículo, mientras el edil afirma haberse “tirado” del vehículo sin tener ni una sola magulladura.

4º) Por último, y lo que es más grave, guardaron silencio sobre lo sucedido hasta que casi 10 días más tarde fueron identificados por la Guardia Civil.

Éste comenzó contestando con la misma “educación” que el Sr. Rubalcaba al solicitar que “, por favor, aplique la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil”, que está aprobada desde el año 2007 y que está paralizada y congelada desde entonces “y no sabemos porque presiones o motivos políticos”. Es evidente que desde que si no existe ninguna justificación, este es un hecho, cuando menos, extraño.

Como réplica a la promoción de los logros de la DGT y del Ministerio del Interior sobre las positivas cifras de siniestralidad, Delgado afirmó con dureza lo siguiente: “Que no se pongan los méritos del trabajo de los guardias civiles, que también están cansados de eso. Coger el micrófono lo hacen muy bien” y reprochó que se hayan “colgado la medalla”.

Según él, “si ha bajado la siniestralidad es gracias a la labor y el trabajo de los guardias civiles, a pesar de las duras condiciones en las que lo hacen”. Es evidente que están cansados del trato recibido por parte del Ministerio del Interior y de que no sólo nunca les sea reconocida su labor, sino de que se les presione para multar a toda costa.

Asimismo, Delgado aseveró que “tal y como venía diciendo la AUGC, han bajado las denuncias y la siniestralidad y eso se puede demostrar”. Estamos totalmente de acuerdo en esta afirmación (que no deja de ser un hecho objetivo), que deja sin argumentos a la DGT y al propio Ministerio en su insistencia de que se vuelva a los niveles “normalizados” de imposición de sanciones. Si la seguridad vial va bien y las víctimas de accidentes de tráfico se siguen reduciendo, ¿por qué incrementar la imposición de multas?.

Por último, y dando toda una lección de lo que desde nuestro punto de vista debe estar encaminada la política de seguridad vial, el Sr. Delgado envió el siguiente mensaje al Ministro del Interior: “Debería replantearse la seguridad vial: quizá el dinero que se gasta en radares deberían gastárselo en eliminar los puntos negros y mejorar las carreteras y atender a los que se dejan la piel en el asfalto”.

Sobre estás últimas declaraciones, no podemos sino manifestar que, con independencia de cuales hayan sido los motivos por los que la Guardia Civil ha iniciado este conflicto institucional, están demostrando estar a la altura de las circunstancias y lo que es más importante, están demostrando estar mucho más comprometidos con la seguridad vial.

Es claro que la Guardia Civil le está ganado el pulso institucional que está manteniendo con el Ministro del Interior y con la DGT, pero no por tener más poder, sino porque cuenta con la verdad.

Veremos que ocurre en las próximas semanas.

Aparte de este informe, el Sr. Rubalcaba ha hecho una serie de declaraciones relativas a la huelga de “bolis caídos” y que ha encontrado cumplida respuesta por parte de la Guardia Civil, por medio de su Asociación Unificada (AUGC). El pulso se mantiene.

El Ministro del Interior ha reconocido la existencia de la mencionada huelga desde mediados del mes de mayo, que ha supuesto una reducción de las sanciones de tráfico de un 50%, con el consiguiente perjuicio a las arcas del Estado.

Sus declaraciones al respecto no tienen desperdicio y sus afirmaciones  carecen totalmente de argumentos reales. Rubalcaba decía ayer: “les pido ahora que, por favor, cumplan y hagan cumplir la Ley, que lo han hecho toda la vida y que lo han hecho muy bien”. Hasta aquí muy correcto y educado.

Sin embargo, a continuación declaró lo siguiente: “el problema” no es que se reduzca la recaudación por multas, sino de “cumplimiento de la Ley”, “Si un señor se salta un stop hay que ponerle una infracción y si un guardia civil lo ve, lo tiene que hacer, porque tiene que cumplir la Ley y hacerla cumplir, ese es el problema”.

En referencia a este último comentario, hay un dicho latino que reza así: “Excusatio non petita, acusatio manifiesta” (que vendría a ser: ¿por qué se da una excusa si esta no se ha pedido?), quien lo hace suele delatar su culpabilidad. Además, es evidente que cuando habla de “obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley” está conminando y amenazando a la Guardia Civil, pues quién no cumple con su obligación y no cumple con la Ley, sufre las consecuencias. Esa petición formal y educada disfraza una amenaza aun latente. El pulso se mantiene.

También señaló que “no hace falta ser un genio” para darse cuenta de las negativas consecuencias, para “la seguridad vial y para la Guardia Civil, que tiene una obligación”. Reitera su amenaza.

Nos sorprende esta otra suposición que hizo el Sr. Rubalcaba: “los españoles empiezan a percibir que alguien se puede saltar un stop y no le va a pasar nada”. Nosotros nos preguntamos cómo ha llegado a esta conclusión, pues no conocemos a nadie que haya dejado de cumplir las normas este verano por esta supuesta huelga, ni que nadie haya decidido dejar de ser responsable al volante porque sabía que no iba a ser sancionado por ello.

De hecho, los hechos hablan por sí solos: menos multas de tráfico, menos accidentes y menos muertos en la carretera este verano.

En un segundo texto analizaremos la respuesta de la Guardia Civil ante estás presiones, disfrazadas de educada petición de “cumplimiento de la Ley” por el bien de la seguridad vial, pues también son dignas de ser analizadas.

Ya en el año 2005 estábamos a la cabeza de los países de la Unión Europea en atropellos, al menos en términos relativos, al fallecer por esta causa 15,7 personas por cada millón de habitantes. Además éramos el país donde más atropellos se producían fuera de los pasos de cebra con una tasa del 91,5%.

Asimismo, en 2007 y 2008 las cifras a nivel nacional se mantuvieron en similares tasas de mortalidad por esta causa. Así, tanto en Madrid como en Barcelona, 1 de cada 3 víctimas mortales de tráfico era peatón.

A día de hoy, la cosa no ha cambiado y, por poner un ejemplo, en Madrid capital hoy es la principal causa de muerte por accidente de tráfico. A nivel nacional el 41% de los fallecidos en accidentes urbanos eran peatones.

Está demostrado que el actualmente el 43% de los atropellos ocurridos en zonas urbanas son causados por imprudencias de peatones y, sin embargo, rara es la ocasión en la que un peatón es sancionado por ello, aunque hace tiempo se dijera que se les iba a multar con 90 Euros por las infracciones que cometieran.

La excepción es el siguiente caso: Recientemente la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a un peatón a pagar 35.000 Euros a un motorista por “irrumpir de manera inopinada en la calzada”.

También recientemente la DGT ha manifestado su intención de extender las “Zonas 30” hasta el 80% de las vías urbanas de nuestro país, con el objeto de mitigar los efectos de los atropellos que se produzcan, soslayando una vez más la responsabilidad de los peatones.

Cierto es que todos somos peatones y que estos son los más vulnerables, pero no por ello dejan de ser responsables de las imprudencias que cometan. Creemos que para adoptar soluciones correctas habrá que partir de la verdadera raíz del problema, pues de otra manera este asunto seguirá estando pendiente y mientras tanto seguirán produciéndose demasiadas víctimas por esta causa.

El acoso define supuestos de hostigamiento y presión sobre la libertad de actuación y dignidad de la persona, lo que aplicado al tráfico rodado consiste en supuestos en los que un vehículo se coloca “pegado” al que circula delante, el que adelanta con gestos hostiles o el que se sitúa delante sin distancia de seguridad para obligar al de atrás a frenar.

Con la reforma del Código penal estas conductas pasan a ser consideradas conducción temeraria poniendo en peligro la vida o integridad ajenas, por lo que si se ha generado un peligro concreto conllevará una pena de prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir de 1 a 6 años. Si además se realiza bajo los efectos del alcohol será considerada como manifiestamente temeraria, así como si se realiza “con manifiesto desprecio por la vida ajena”, lo que acarreará mayores penas.

Según las autoridades se trata de un supuesto “cada vez más frecuente” que además, genera graves riesgos de pérdida de control de la conducción y, por tanto, de acabar teniendo un accidente de tráfico o salirse de la carretera.

La Fiscalía está decidida a terminar con estas agresivas conductas al volante y por ello va a dar instrucciones a la Policía Judicial para que persiga estas conductas cuando constituyan delito.

Ahora bien, partamos de la base de que consideramos que estas conductas son absolutamente reprobables y deben ser perseguidas con dureza por la Ley, pues pueden provocar importantes accidentes de tráfico. Sin embargo, esto no significa que “valga todo” en defensa de la seguridad vial.

Desde la propia Fiscalía se ha hecho un llamamiento o recomendación social para que quien presencie algún tipo de conducta similar a las anteriormente descritas lo denuncie a las autoridades. Es en este punto en el que no estamos de acuerdo.

Sí compartimos que, en casos muy graves se denuncie por particulares que sean testigos presenciales de la infracción, pero sólo en casos muy graves. Lo que no se debe es “invitar” a los conductores a convertirse en potenciales agentes de tráfico, pues puede sentar un peligroso precedente. Con el Reglamento de circulación en la mano, todos infringimos alguna norma, al pisar una línea, al no poner un intermitente, etc. Si nos denunciamos unos a otros por cualquier cosa se va a crear un estado de psicosis generalizada y desconfianza hacia todo lo que nos rodea y esto, también puede provocar accidentes de tráfico.

Hemos descubierto que, con motivo de las declaraciones del Fiscal de seguridad vial, en distintas páginas web se está recomendando la instalación en los vehículos y poniendo a la venta cámaras para colocar en el interior de nuestros vehículos, a modo de las cámaras que llevan incorporadas en EEUU todos los coches de policía. Desde luego, creemos que este no es el camino más recomendable, ni tan siquiera en pro de la seguridad vial.

Una vez más nos apropiamos de la célebre frase de Benjamín Franklin, que choca constantemente con la actual política de tráfico y seguridad vial en nuestro país: “Aquellos capaces de sacrificar la libertad por la seguridad, no merecen ninguna de las dos”.

Desde distintos medios se están lanzando informaciones incorrectas acerca de las razones que se valorarán para que un vehículo sea decomisado por las autoridades. Titulares como “Llevar inhibidores de radar acarreará el decomiso del vehículo” o “Un exceso de velocidad supondrá la pérdida de la propiedad de nuestro vehículo”. No son del todo ciertos y contribuyen a que se extienda el miedo entre los conductores.

Por ello, es nuestro deber matizar estas informaciones, haciendo una explicación exhaustiva de las distintas circunstancias que van a ser tenidas en cuenta por las autoridades para decretar el comiso o decomiso de nuestro vehículo.

Hasta la reciente reforma del artículo 385 del Código penal, el comiso del vehículo sólo estaba permitido en caso de conductores Kamikazes o que conducían como manifiesto desprecio por la vida. Con la reforma se ha extendido a supuestos como un grave exceso de velocidad, una alta tasa de alcohol en sangre o la conducción sin permiso, pero sumado a otras circunstancias, pues por sí solas, en principio, no serán motivo suficiente para decretarlo.

Para que pueda ser adoptada habrá que hacer un “juicio de peligrosidad” por parte de las autoridades. En estos juicios o valoraciones se tendrán en cuenta criterios:

• De orden objetivo
• De orden subjetivo

Los de orden objetivo son:

1. La gravedad de la pena prevista para el delito que se haya cometido y la naturaleza de lo que se haya dañado o puesto en peligro con la infracción (es decir, la vida de las personas, el orden público, etc).
2. Las circunstancias concurrentes que pudieran hacer que el hecho fuera más grave (ej. Cualquier agravante penal como la clara intención de delinquir y de provocar un daño real).
3. Las manipulaciones realizadas en el vehículo que alteren las condiciones legalmente prescritas para la circulación (inhibidores de radar, tacógrafos manipulados, toda sustancia utilizada para que la matrícula no pueda ser reconocida, etc).
4. La posible reincidencia del conductor con el vehículo que demuestren esa “relación criminógena” entre el vehículo y su conductor (ej. Cundo se utiliza el vehículo “como un arma” o como afirmación de poder o competitividad).
5. El valor económico del vehículo. Si bien este punto no ha sido aclarado por el Fiscal de Seguridad Vial, podemos entender que este extremo se tendrá en cuenta en el sentido de poder pagar las sanciones económicas derivadas del delito con la pública subasta del vehículo.

Los criterios de orden subjetivo son:

1. La situación económica y personal del penado. Se tendrá en cuenta el momento de crisis actual. Es decir, será más difícil que se aplique en casos en los que la persona esté pasando por apuros económicos. Se investigará la situación económica en cada caso.
2. La importancia que el vehículo tenga para desempeñar su trabajo o para poder obtenerlo. Es decir, por ejemplo, en caso de ser transportista o mensajero, será más difícil que sea aplicado el decomiso.
3. Las consecuencias que su aplicación pudiera tener para el penado o para su familia. Entendemos que éste criterio está estrechamente relacionado con el anterior, con la salvedad de que también se tendrá en cuenta la situación económica familiar.

Según el Fiscal de Seguridad Vial, “No se confiscará de manera indiscriminada, se hará una valoración conjunta de todos los criterios, se estudiará caso por caso”. El comiso buscará evitar la reincidencia y “tendrá un valor educativo”.

Serán asimismo factibles los comisos temporales o la imposición de garantías para el correcto uso del vehículo, tales como los limitadores de velocidad o el sistema alcohol-lock, que no nos permitirá arrancar el vehículo si superamos la tasa de alcohol permitida.

También se podrán aplicar decomisos de vehículos cuyo propietario sea distinto del conductor infractor, siempre y cuando el propietario “sea consciente del riesgo”, como por ejemplo la empresa que sabe que sus camiones circulan con tacógrafos manipulados.

En algunos casos, esta medida podrá ser considerada como “sustitutiva de la pena de prisión”, pues se pretende evitar con ello el desbordamiento de presos por delitos contra la seguridad vial.

Si esta medida hubiera estado en vigor desde principios de año, se habrían confiscado ya en el mes de abril 800 vehículos aproximadamente.

Cierto es que se están poniendo muchas menos multas que en las mismas fechas del año anterior, especialmente las relativas a las infracciones más leves. Dato curioso, sin embargo, es el hecho de que en los meses de mayo, junio y julio (los meses supuestamente de huelga) se han reducido los accidentes de tráfico y la mortalidad en las carreteras.

Sin embargo, en lugar de alegrarse por los resultados obtenidos, el Ministerio del Interior ha decidido presionar a los agentes con un sistema de puntos que evalúa su “rendimiento” en función de las sanciones que pongan, dando mayor puntuación a las sanciones que mayor recaudación supongan para la Administración y priorizando la interposición de multas sobre la atención o auxilio al accidentado.

Desde el PP lo consideran “escandaloso” y afirman que “valorar únicamente las sanciones pone de manifiesto que el Gobierno busca más recaudar que mejorar la seguridad vial”.

El Secretario General de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) asegura que “no van a ceder al chantaje” y que este sistema no sólo “rompe la confianza del ciudadano en la Guardia Civil”, sino que además “pone en evidencia el afán recaudatorio de la Administración”.

En una carta anónima de un Guardia Civil de Tráfico cansado de las presiones, se afirma lo siguiente: “muchas de las sanciones que ponemos son difícilmente explicables” o “nos hemos convertido en el brazo ejecutor de una administración insaciable”.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2010 se calculó que la recaudación aumentaría en un 10% (cuando tras la última reforma de la Ley de Tráfico se nos vendía una recaudación a la baja), ¿acaso saben que vamos a infringir más normas conduciendo que en el año anterior?

Baste decir que desde el año 2005 la recaudación de la Administración a través de las multas de tráfico ha aumentado un 125%. En ese año la recaudación era de 192 millones de € y en 2010 es de 432 millones.

Si todavía alguien tenía alguna duda acerca del puro ánimo recaudador de la Administración y de que las multas de tráfico son a día de hoy impuestos encubiertos, creo que esa duda ha quedado totalmente disipada con lo que estamos viviendo en estas últimas semanas.